Costa Rica enfrenta un escenario complejo en 2026, caracterizado por tensiones multidimensionales. En el ámbito de seguridad, la escalada de homicidios (segunda cifra más alta en 2024) y la penetración del crimen organizado han llevado a la presidenta electa Laura Fernández a plantear medidas excepcionales, incluyendo posible suspensión de garantías en zonas críticas. Esta estrategia de ‘mano dura’, inspirada en modelos como el de Bukele pero matizada por el contexto costarricense, refleja la creciente presión por contener vectores de violencia transnacional sin erosionar el capital institucional del país. En lo económico, el FMI proyecta un crecimiento reducido al 3.8% (vs 4.6% en 2025), atribuido a aranceles estadounidenses y cierres en zonas francas, lo que expone vulnerabilidades en el modelo de inserción global. La dependencia de IED (especialmente en tecnología/semiconductores) y turismo crea asimetrías estructurales frente a shocks externos. Políticamente, el amplio margen legislativo de Fernández (31/57 diputados) facilita reformas pero también polariza el debate sobre derechos humanos versus seguridad, en un contexto donde el referendo de Chaves dejó secuelas institucionales. Socialmente, la psicología colectiva muestra ansiedad por la pérdida de la ‘excepcionalidad’ costarricense ante patrones regionales de violencia, aunque persiste el apego a soluciones colaborativas con EE.UU. (DEA/FBI) antes que a autoritarismos puros.
Análisis por Sector
| Sector | Riesgo |
|---|---|
| political | 6.0 |
| economic | 5.0 |
| social | 6.0 |
Matriz de Riesgo por Pilar
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Este informe de inteligencia sobre Costa Rica ha sido generado por el motor GRiskMon.
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